La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción popular, desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial eficaz y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Esta Ley persigue dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias, eviten abusos equilibrando la protección y tutela de los diferentes intereses en enfrentamiento, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad jurídica al mercado de trabajo. Quiere una contestación mucho más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad popular, y ofrece un tratamiento unitario a la variedad de elementos incluidos en el campo laboral para una mejor protección de los derechos.El propósito principal de esta Ley es detallar, agrandar, racionalizar y determinar con mayor claridad el campo de conocimiento del orden jurisdiccional popular, con fundamento en su mayor especialización, conocimiento mucho más completo de la materia popular y marco procesal singularmente conveniente a los intereses objeto de tutela de este orden. Con la novedosa Ley reguladora de la jurisdicción popular se afronta una modernización de la normativa previo a partir de la concentración de la …