La Ley 2/2015 establece un marco legal integral para la
para implementar la ley de manera integral. La transparencia no es simplemente una cuestión de cumplir con una ley, sino de una transformación profunda de la cultura y los valores de la administración pública.
Otro punto de crítica importante es el debil peso de la burocracia en la aplicación de la ley. La complejidad de los procedimientos administrativos, la falta de personal especializado y la resistencia al cambio han dificultado la implementación de la ley. Los expertos coinciden en que es necesario simplificar los procedimientos, eliminar las barreras burocráticas y promover una cultura de innovación y colaboración dentro de la administración pública. Además, la falta de mecanismos de control y seguimiento ha permitido que se incumplan las obligaciones establecidas en la ley. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión, y establecer sanciones efectivas para los funcionarios que incumplan las obligaciones establecidas en la ley. El Decreto 105/2017, en materia de transparencia, puede reforzar las funciones del Consejo de Transparencia para que pueda cumplir con sus funciones de control.
La ley también podría beneficiarse de una mayor participación de la sociedad civil en su implementación. Los ciudadanos tienen un papel fundamental en el control de la administración pública, y es necesario crear mecanismos para que puedan participar de manera efectiva. Los expertos sugieren la creación de consejos consultivos, foros de participación y otros mecanismos para que los ciudadanos puedan influir en las decisiones de la administración pública. Además, es necesario fortalecer la educación en materia de transparencia y buen gobierno. Los ciudadanos deben ser conscientes de sus derechos y deberes, y deben ser capaces de ejercer un control efectivo sobre la administración pública. Se requiere crear una cultura de transparencia y buen gobierno, comenzando desde la educación infantil y continuándola a lo largo de toda la vida.
la Ley 2/2015 es un instrumento valioso para promover la transparencia y el buen gobierno en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, su éxito depende de su implementación efectiva y de la participación activa de la sociedad civil. Se necesita un esfuerzo concertado de todos los actores – administración pública, sociedad civil y ciudadanos – para convertir esta ley en una herramienta verdaderamente eficaz para mejorar la calidad de la democracia y la gobernanza en la región. Se requiere un cambio de mentalidad, pasando de una cultura de secreto y control a una cultura de transparencia y colaboración. Se requiere una vigilancia constante y una evaluación periódica de la eficacia de la ley.
